El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez, discrepa de la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige al Estado colombiano otorgar el privilegio de poner fin por la fuerza al diálogo sobre barricadas.
“Es importante recordar a la CIDH que en Colombia el bloqueo de carreteras es ilegal, y que este comportamiento ha afectado recientemente los derechos básicos de millones de ciudadanos.
El despliegue de la fuerza pública no es solo una decisión, sino también una obligación constitucional. Dijo el embajador. El Consejo Interamericano hizo este llamado tras conocer que el presidente Iván Duque había decidido desplegar fuerzas públicas para levantar los bloqueos de carreteras en las localidades del país (obstruidas por manifestantes).
«La CIDH reitera que las autoridades deben privilegiar siempre el diálogo, es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana para no privar la esencia del derecho de reunión pacífica», expresó el órgano internacional.
De acuerdo con el diplomático colombiano (respondiendo directamente a la CIDH) la determinación adoptada por el gobierno se aplicará con «estricto cumplimiento de los derechos humanos» y según él, se adelantará para garantizar los derechos de «millones de colombianos que no participan en bloqueos de vías».
