Los últimos años de vida y carrera de Álvaro Uribe Vélez han sido una montaña rusa. De 2018 a hoy pasó de ser el senador más votado de su partido y de todo el país, a ser el primer exmandatario de la República detenido por orden judicial, a renunciar a su escaño en el Congreso y a dar la pelea por su inocencia ante la Fiscalía como cualquier ciudadano de a pie. Todo esto sin perder su estatus como el político que le habla al oído al presidente Iván Duque, quien, al saber de la orden de detención en su contra, hizo una alocución desde la Casa de Nariño en favor de su mentor: “Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”.
Con esa frase, en su momento tan criticada como toda la alocución -por la injerencia que podía representar sobre la independencia de la Rama Judicial-, Duque se sumó al discurso que Uribe ha mantenido desde febrero de 2018. Fue entonces cuando trascendió que la Corte Suprema de Justicia había ordenado que se iniciara una investigación en su contra por posible manipulación de testigos, cargo que el propio Uribe le atribuía al senador Iván Cepeda. Según Uribe, Cepeda se fue cárcel por cárcel a buscar testigos falsos en su contra. La Corte concluyó que no había evidencias de que Cepeda hubiera tratado de manipular a nadie. En cambio, que había indicios de que Uribe sí.
Lo que llevó al expresidente Uribe y al congresista Cepeda a denunciarse mutuamente desde 2012 fue la consecución de Cepeda de testigos como Juan Guillermo Monsalve o Pablo Hernán Sierra, quienes declararon que el exmandatario fue promotor del bloque Metro en el nordeste de Antioquia. Uribe lo niega. En esa región la familia Uribe tuvo hasta los años 90 una extensa hacienda llamada Guacharacas, donde las Farc asesinaron a Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente, en 1983. En los años noventa, la zona pasó a estar sometida al imperio armado del Eln. Luego llegarían grupos paramilitares como el Metro a expulsar a las guerrillas y a cometer, por su parte, otras barbaries.
Para el director del Espectador Fidel Cano la decisión de la Fiscalía General de la Nación, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, es desconcertante. Si bien no se conocen los argumentos que habrá de presentar el fiscal Gabriel Jaimes cuando tenga que sustentar su solicitud de preclusión ante un juez de la República, el solo anuncio de que esa fue la medida adoptada deja abiertas muchas preguntas. Para comenzar, ¿cómo pasamos en unos pocos meses de un proceso con un largo expediente en la Corte Suprema de Justicia y con orden de medida preventiva a una solicitud de cerrar la investigación por ausencia de pruebas? ¿Cómo se explica esa desconexión entre el tribunal de más alto rango en el país y el ente investigador? ¿Cómo se sustenta la contradicción de una Fiscalía que está acusando al abogado del expresidente, Diego Cadena, de influenciar testigos en beneficio de su cliente, mientras que en el caso Uribe no hay razones para continuar?
No ayuda en toda esta situación que la Fiscalía, dirigida por Francisco Barbosa, haya demostrado sin pudor su cercanía al presidente Iván Duque y al partido que lidera el expresidente Uribe. Las víctimas siguen siendo la legitimidad de las instituciones y la búsqueda de la verdad.
Fidel Cano ha defendido siempre la presunción de inocencia de Álvaro Uribe y de todas las personas investigadas por la justicia. También acompañamos y seguiremos acompañando y exigiendo respeto a la institucionalidad en sus decisiones. Sin importar las maromas judiciales que adoptó la defensa del exmandatario, como renunciar al Congreso, reconocemos que le correspondía entonces a la Fiscalía tomar una decisión y esas son las normas procesales. Por eso, defendemos que se cumplió el debido proceso y no nos uniremos al coro de voces que pretenden envenenar el pozo del debate público para atacar a los operadores judiciales.
Con esa precisión, también reconocemos que existe el derecho a cuestionar las decisiones y a exigir absoluta claridad. En este caso, encontramos un abismo irreconciliable entre lo que había adelantado la Corte Suprema de Justicia, que llevó a una medida de aseguramiento contra Uribe —tomada por unanimidad, por cierto, y no por el capricho de un par de magistrados “resentidos” como dijo una senadora—, y el criterio ahora aplicado por el fiscal Jaimes. Tampoco tiene sentido que avance el proceso contra el abogado Cadena y se considere que es una situación aislada e inconexa de las sospechas que operan contra el expresidente.
Es una lástima que un proceso tan importante para el país no haya tenido claridad en ningún momento. Entre los ataques a la justicia, las denuncias de conspiración y el actuar del ente investigador, son muchos los colombianos, de lado y lado en el debate, que desconfían de la institucionalidad. Mientras tanto, nos quedamos con el deseo de entender la razón de ser de cada una de las decisiones que se tomaron
El proceso todavía tiene etapas por surtir. Un juez tendrá que evaluar la solicitud de preclusión e incluso si la acepta habrá recursos. Escucharemos con atención la sustentación de la Fiscalía de una decisión tan desconcertante, e incluso si no resultaran convincentes sus argumentos, nos negaremos a plantear o a creer que se deba patear la mesa. Lo cual no quiere decir que no consideremos lamentable para el país que todas las dudas surgidas en este proceso probablemente nunca vayan a quedar resueltas.
#EditorialEE ¿Cómo pasamos en unos pocos meses de un proceso con un largo expediente en la Corte Suprema de Justicia y con orden de medida preventiva a una solicitud de cerrar la investigación por ausencia de pruebas? https://t.co/5yFwsQf6QU
— ElEspectador Opinión (@EEopinion) March 7, 2021