Tribunal Superior de Bogotá rechazó tutela de Álvaro Uribe y mantiene su calidad de imputado

Tribunal Superior de Bogotá rechazó tutela de Álvaro Uribe y mantiene su calidad de imputado

Jaime Granados, abogado y apoderado de Álvaro Uribe Vélez en el proceso por presunto soborno a testigos, interpuso una tutela buscando que a su cliente le retiren la calidad de imputado, decisión que tomó un juez en noviembre del año pasado.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la acción constitucional, según anunció el senador Iván Cepeda, víctima dentro del proceso.

“El Tribunal Superior de Bogotá niega tutela a Álvaro Uribe, apoyada por el fiscal Gabriel Jaimes, y mantiene imputación. La justicia nos dio la razón sobre la improcedencia de este desesperado recurso con el que se buscaba eludir el llamamiento a juicio del hoy exsenador”, expreso el congresista.

Según indico el Tribual, Granados no logró demostrar que existiera un daño inminente y grave y se basó “en aspectos meramente argumentativos e interpretativos” que no evidenciaron que se estuviesen vulnerando los derechos a la defensa, debido proceso y presunción de inocencia incoados en la tutela.

“(…) la Sala no considera que la situación del señor Uribe Vélez contemple un daño inminente y grave, que permita la intervención del juez constitucional, por una potísima razón: es que en este evento su estructuración se funda en aspectos meramente argumentativos e interpretativos; empero, probatoriamente no quedó acreditado, pues salvo la providencia objeto de controversia, nada se allegó para demostrar la forma de su estructuración y la incidencia que tuviese en el menoscabo de sus derechos al debido proceso, defensa y presunción de inocencia, los cuales se encuentran incólumes y con todas las garantías para ejercitarlos”, indica el fallo.

Aunque el Juez explicó que la situación sería otra si el exsenador estuviera privado de su libertad con medida de aseguramiento, pero en estos momentos está en libertad. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación deberá decidir si archiva el proceso o llama a juicio a Uribe.